Paz sí pero no así

Colombia ha estado enmarcada durante toda su historia en un escenario de conflicto armado[1], desde la lucha independentista, pasando por la violencia bipartidista, las guerrillas desaparecidas de los años 40 y 50, la formación de las actuales guerrillas como las F.A.R.C. y el E.L.N., y de otras como el M-19 ya desmovilizadas, así como por la formación de grupos paramilitares y la participación activa de los agentes represores del Estado, hasta las últimas décadas en las que se ha intentado instaurar negociaciones entre el gobierno y la insurgencia.

A lo largo del presente artículo se hará un breve recuento histórico de la formación de la insurgencia en el país, además de los procesos de paz realizados por los diferentes gobiernos y las repercusiones que han tenido los mismos sobre el actual panorama socio-político para llegar finalmente a comentarios concisos sobre las actuales propuestas de paz.

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Formación de los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia

Por un lado la formación de las guerrillas colombianas fue la respuesta a dos factores, el primero fue la violencia política resultado del conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, las guerrillas buscaban formar ejércitos en contra del Estado para combatirlo, el segundo factor fue la defensa del territorio que llevó a la organización de autodefensas campesinas como respuesta militar a la ofensiva del Estado. Las guerrillas se formaron en pro de objetivos sociales comunes y en respuesta a los abusos del poder por parte de los agentes represores del Estado. (Vargas, 2002)

Por otro lado la formación de los grupos paramilitares fue en principio una estrategia utilizada por el Partido Conservador para asesinar a los líderes y partidarios del Partido Liberal, especialmente en zonas rurales impulsando así la formación de las autodefensas campesinas; ulteriormente, en 1962, desde altas instancias gubernamentales de Estados Unidos se envió una recomendación imperativa que proponía la creación de una estructura cívico militar para la represión de partidarios del comunismo, entendidos como organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, partidos legales de oposición, defensores de derechos humanos y sectores de la iglesia simpatizantes con la Teología de la Liberación. (CINEP/PPP, 2003)

Bajo el contexto anterior y como resultado del mismo surgen guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (F.A.R.C.) en 1964 de origen liberal, quienes tuvieron un giro con la entrada de la ideología marxista-leninista volviéndose entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (F.A.R.C.-E.P.), el Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) nació en 1965 pensada bajo la revolución cubana con ideología guevarista y el Ejército Popular de Liberación (E.P.L.) formado el mismo año tenía tendencia maoísta y una marcada inclinación agraria.

En la década de los 70 empieza a darse paulatinamente el fenómeno del paramilitarismo con el pretexto de combatir a las guerrillas en diversas regiones del territorio colombiano como ayuda al ejército nacional, contando con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales fueron fortaleciéndose de a poco hasta formar entidades mayores como las Autodefensas Unidas de Colombia (A.U.C.) en los años 90, dividida en diferentes grupos como los “Pepes”, los “12 Apóstoles”, las “Águilas Negras”, entre otros.

Posteriormente, específicamente después de las restricciones legales e ilegales a las organizaciones y partidos de izquierda, empezando con la ilegalización del Partido Comunista Colombiano (P.C.C.) se formaron otros grupos guerrilleros entre los que estaba el Movimiento 19 de Abril (M-19) en 1970 como respuesta al fraude electoral de dicho año, cabe aclarar que se alzaron en armas precisamente por el tormentoso panorama que tenía la oposición en el país, siendo ésta la única vía por la cual podrían ser escuchados.

Aunque la mayoría de la población colombiana se oponía a la lucha armada se crearon vínculos de apoyo con respecto a los diferentes actores por razones como la legitimación de su discurso político, la protección brindada por los distintos grupos en ciertas zonas del país, la figura del Estado dentro del Estado, por ejemplo, las F.A.R.C. en algunas poblaciones campesinas prohíbe la pesca con dinamita, reglamenta el horario de las fiestas y media las disputas entre los habitantes de la zona. (Sousa, 2001)

Procesos de paz en Colombia

El primer acercamiento que tuvo el gobierno con los grupos insurgentes fue a través del Decreto 1546 del 22 de junio de 1953 expedido por Rojas Pinilla tras el golpe de Estado, otorgándole el indulto a quienes estuvieran alzados en armas para terminar con la violencia bipartidista en el país, sin embargo poco tiempo después la policía empezó a asesinar a los ex militantes de las guerrillas liberales esfumando cualquier posibilidad de paz, el caso más sonado sobre dicha traición política fue el asesinato del ex jefe de la guerrilla del Llano, Guadalupe Salcedo, en Bogotá el 6 de junio de 1957. (Germán Guzmán Campos, 2010)

Tiempo después, en el año 1984 bajo la administración del ex presidente Belisario Betancurt se inicia un proceso de paz con las F.A.R.C. conocido como los Acuerdos de la Uribe, firmado el 28 de marzo del mismo año entre ambas partes con el compromiso de un cese bilateral al fuego para darle solución política al conflicto armado, el pacto nunca contempló la dejación de armas por parte del grupo guerrillero, solamente el reintegro a la vida democrática con la ayuda del gobierno, que dio como resultado la formación de la Unión Patriótica. (F.A.R.C.-E.P., 1984)

La Unión Patriótica fue el ala democrática de las F.A.R.C. que se suponía serviría para consolidar el proceso de paz y sería la salida política del grupo guerrillero, contaba igualmente con miembros de otras organizaciones como del A.D.O., el E.L.N. y del Partido Comunista, sin embargo, contrario a un resultado pacífico, el capítulo de la U.P. se cerró con el exterminio físico y político de sus integrantes, unos asesinados cruelmente y otros exiliados con numerosas amenazas, dejándole un saldo rojo a Colombia por 3.600 víctimas de los enemigos de la democracia.

Tras la ofensiva estatal y paraestatal del genocidio de la U.P. muchos de sus integrantes decidieron volver a las montañas de Colombia para combatir de nuevo bajo su propia jurisdicción, lo que significaría un cambio en el principio político de las F.A.R.C. con respecto a la combinación de las formas de lucha, concentrando la mayoría de sus esfuerzos en las operaciones militares y alejándose de la creación de poder por vías institucionales.

Posteriormente, en la administración de Gaviria (1990 – 1994), tras los pasos dados por el gobierno de Barco, se desmovilizaron grupos insurgentes como el M-19 (Movimiento 19 de Abril), el P.R.T. (Partido Revolucionario de los Trabajadores), el E.P.L. (Ejército Popular de Liberación) y el Movimiento Armado Quintín Lame bajo la promesa de una Asamblea Nacional Constituyente; como resultado adicional se creó la AD M-19 (Alianza Democrática M-19), partido político que reunió ex militantes de los grupos nombrados anteriormente.

La propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente fue introducida en las elecciones de marzo de 1990 en una séptima papeleta, iniciativa de sectores pro-constituyentes, especialmente del movimiento estudiantil y los grupos de la insurgencia que se encontraban en negociaciones, la Asamblea llevó a la creación de la actual Constitución Política del país y tuvo lugar en febrero de 1991 con una delegación de 70 constituyentes elegidos popularmente.

Dicha conformación demostró la demanda de una transformación de las costumbres políticas del país (ampliar el paradigma más allá del Partido Conservador y del Partido Liberal), la exigencia del reconocimiento de los derechos fundamentales y de organismos para hacerlos efectivos. Además con la A.N.C. se buscó la participación y legalización de un amplio sector de grupos sociales y partidos políticos de oposición. (Indepaz, 2013a)

La Constitución expresó las necesidades de un nuevo país, no obstante la clase política tradicional no estaba derrotada y dos de las guerrillas más importantes del país seguían activas, así que aún no se había concretado realmente la paz pero se habían sentado nuevas bases para la construcción de la misma, empero, los presidentes venideros optaron por combinar la lucha contrainsurgente entre la estrategia militar y la democrática.

El caso tal vez más polémico sobre el proceso de paz en Colombia ha sido el del gobierno del ex presidente Andrés Pastrana Arango con las F.A.R.C. entre 1998 y 2002, en el que las negociaciones se hicieron en medio de la confrontación armada con la excepción de una zona desmilitarizada comprendida por Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).

Los diálogos del Caguán, como se conocen tales negociaciones, fueron impulsados bajo las exigencias del Mandato Ciudadano por la Paz en 1997 cuando más de diez millones de ciudadanos salieron a las urnas a votar por la paz para exigir la terminación pacífica del conflicto armado. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012)

Sin embargo las negociaciones se vieron afectadas por el contexto en el que avanzaron, diversas actuaciones incidieron en la confianza de las partes, por un lado la guerrilla cuestionaba la posición del gobierno frente al accionar de los paramilitares y por otro el gobierno cuestionaba la continuación de los secuestros y los actos de violencia por parte de la guerrilla, así como el presunto abuso del manejo de la zona de desmilitarización.

La ruptura definitiva de los diálogos se dio el 20 de febrero de 2002 cuando las F.A.R.C. secuestró el avión en el que iba el senador Jorge Géchem Turbay, por lo cual el ex presidente Pastrana Arango decidió poner fin al proceso de paz con la guerrilla y volver a militarizar la zona de despeje, la cual duró aproximadamente tres años. (Indepaz, 2013b)

Subsiguiente a la administración de Pastrana Arango vinieron los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en los cuales su posición frente a las negociaciones con las guerrillas era acabarlas en su totalidad y confrontar a los grupos guerrilleros militarmente, no obstante el trato no fue el mismo para los grupos paramilitares con quienes se implementaron los diálogos en busca de su desmovilización.

En julio de 2003 se firmó el Acuerdo de Santa Fe de Ralito entre el gobierno y las A.U.C. para desmovilizar paulatinamente a todos los paramilitares y pactar la paz nacional, las desmovilizaciones empezaron ese mismo año con el Bloque Cacique Nutibara, seguido por un acuerdo con el Bloque Central Bolívar y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio conocido como el Acuerdo de Fátima para la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (Z.U.T.)[2]. (A.U.C., 2004)

Las desmovilizaciones sucedieron de 2004 a 2006 y en medio de ellas se crearon diferentes leyes que brindaron amnistía de facto, indulto y beneficios judiciales a los paramilitares desmovilizados, en contra de uno de los pilares del proceso que fue la reparación a las víctimas por medio del acceso a la verdad bajo argumentos como el no tener investigaciones o condenas en su contra por delitos graves, además de eso la mayoría de los jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por delitos de narcotráfico.

Con base en lo anterior una de las leyes creadas a disposición del proceso de desmovilización paramilitar fue la Ley de Justicia y Paz aprobada en 2005, los aspectos más preocupantes de la misma en palabras del Colectivo José Alvear Restrepo son que “se aplicará a personas que no tengan investigaciones diferentes a las de concierto para delinquir, sea simple o agravado; se hará en trámites cerrados y privados; no se requiere confesión plena y veraz de los delitos en los que participó; se pueden tramitar de manera colectiva, ocultando en la abstracción el detalle que exige el derecho a la verdad en todas sus dimensiones.” (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2010)

Además de la impunidad por medio de leyes como la de Justicia y Paz muchas estructuras paramilitares vigentes son conocidas como bacrim o bandas criminales y no reciben el tratamiento que debieran al no considerarse paramilitares en el sentido estricto, porque según el ex presidente Uribe “no son” bandas criminales privadas creadas para combatir a las guerrillas sino que están más ligadas al narcotráfico.

Cabe mencionar en este punto que las diferencias fundamentales entre las bacrim y los paramilitares, en palabras de la Corporación Nuevo Arcoiris, son que “[…] el objeto (de las bacrim) no es accionar contra el Estado y mucho menos acabar la guerrilla, o ser ejércitos privados para cuidar zonas productivas como en principio nació el paramilitarismo" […] "Al contrario, los ‘Rastrojos’ y los ‘Urabeños’ (núcleos formados tras la desmovilización paramilitar) han organizado una compleja estructura que tiene como objeto gerenciar todos los nexos delincuenciales del país." (Corporación Nuevo Arcoiris, 2013)

Si bien las bacrim tienen estructuras y objetivos diferentes siguen manejando los métodos de violencia e intimidación impuestos por los antiguos paramilitares, igualmente mantienen la influencia de sus antecesores sobre las instituciones corruptas en algunas zonas del país y los vínculos con agentes de seguridad estatales, así como las relaciones con políticos locales para salvaguardar los intereses económicos establecidos desde antes. (Corporación Nuevo Arcoiris, 2013)

Actualmente el gobierno de Juan Manuel Santos adelanta un proceso de paz con las F.A.R.C. considerado como el que más ha progresado en la historia del país dado que ha llegado a acuerdos parciales en temas como las políticas agrarias, la participación política, la solución al problema del narcotráfico, y están en la lista de espera temas álgidos para toda la sociedad como son las víctimas y el fin del conflicto, adicional a esto recientemente se anunció la voluntad de iniciar diálogos con el E.L.N.

Bajo el contexto anterior es menester dar cuenta de los pro y los contra que han tenido los procesos de paz en Colombia, la desmovilización y el acuerdo pactado simbólicamente con el M-19, el E.P.L., Quintín Lame y el P.R.T. dieron luz al camino de la dejación de armas voluntariamente para la creación de un nuevo país a través de una constituyente, brindando un instrumento para la institucionalización de la paz y de la justicia social, sin embargo, la violencia y la desconfianza en el país no cesaron sino que más bien tomaron nuevas formas.

Los procesos de paz se han tornado en un nido de intereses bilaterales en los que no se negocia ciertamente la paz sino los beneficios que los actores pueden obtener de las negociaciones, prueba de ello han sido los numerosos casos de impunidad que se han visto basados en leyes como el actual marco jurídico para la paz y los lentos -e incluso ineficientes- resultados que han traído las negociaciones para la sociedad civil, especialmente para los sectores que más han sido vulnerados.

En Colombia la paz se ha mostrado siempre en dos únicas presentaciones: la primera es la victoria militar sobre los grupos insurgentes y la segunda es la vía “democrática” de las negociaciones, ciertamente, como dijo alguna vez Jaime Bateman Cayón “la paz no es solucionar la suerte de un puñado de guerrilleros, la paz no es el cese al fuego, ni la dejación de armas, la paz es justicia social, son soluciones reales a los problemas reales”, no necesitamos quitarles las armas a los guerrilleros, necesitamos quitarles los argumentos.

La guerra en el país no se puede atribuir exclusivamente a los guerrilleros porque en ella han participado actores estatales legales como ilegales, los paramilitares fueron solo otra de las creaciones de los diferentes gobiernos para salvaguardar intereses personales que a los ojos del pueblo serían reprochables, igualmente existen intereses de gobiernos y empresas extranjeras que se valen de la guerra interna para cometer diversos abusos contra los derechos humanos sin quedar involucrados.

En el país se pueden empezar miles de negociaciones con los actores armados al margen de la ley pero mientras los gobiernos sigan siendo partícipes de los desplazamientos forzosos, de las violaciones a los derechos humanos, de la pobreza y la desigualdad social bajo el modelo económico que han pretendido implantar, mientras las exigencias de la sociedad civil más vulnerada sigan sin respuesta y ésta siga siendo abusada, Colombia va a tener negociaciones pero no va a tener paz.

PIES DE PÁGINA

1] Según la definición contenida en el artículo 1º del Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 se entiende como conflicto armado la confrontación entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 1977)

[2] Las Zonas de Ubicación Temporal (Z.U.T.) fueron creadas por el gobierno de Uribe como zonas neutrales para empezar el proceso de reinserción a la sociedad de los paramilitares desmovilizados.

BIBLIOGRAFÍA

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Guzmán Campos G., Fals Borda O. y Umaña Luna E. (2010). La violencia en Colombia. Tomo I. Bogotá: Santillana.

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De Sousa B. y García Villegas M. (2001). Colombia: al revés del contrato social de la modernidad. En B. De Sousa y M. García Villegas, El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Tomo I. Bootá: Siglo del Hombre editores.

Vargas, A. (2002). Las Fuerzas Armadas en el conflicto colombiano. Bogotá: Intermedio editores.

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